Maria José es la cabeza de familia desde hace 25 años, cuando se divorció de su marido. Tiene 53 años y está en paro. Su hijo mayor Abel, de 26, tiene una minusvalía del 77% desde que, a los 27 meses, se cayera desde un sexto piso y se dañara el cerebelo. Su hija Maria José tiene 25 años y es licenciada en Historia. Otra parte de la familia es la compuesta por Maria de las Nieves, una Golden Retriever de cuatro años, y tres gatos, Pera, Mateo y el incinerado Tadeo.
En 2005, Maria José decide avalar a un amigo que tiene varios créditos pendientes y la nómina embargada. La finalidad de dicho aval era que esa persona pudiera concentrar todos sus pagos en uno sólo. De modo que, acudieron a cinco bancos diferentes para pedir un crédito. En ninguno de ellos obtuvieron una respuesta favorable. Finalmente, fue Caja del Mediterráneo (CAM) quien lo concedió. La cuantía del crédito era 157.000 euros.
El problema comenzó cuando el amigo de Maria José no pudo pagar el crédito por no tener la suficiente capacidad económica. Por tanto, la primera y directa responsable de esa situación era Maria José, quien solventó el pago con su casa, una casa que había comprado hace 31 años y donde vivía con sus dos hijos y tres mascotas desde entonces.
Desde el momento en que su amigo no pudo hacer frente al pago, Maria José sabía que iba a perder la casa. Un día del mes de mayo de este año recibió una carta en la que se le avisaba de su desahucio, previsto para el 6 de julio, dos meses después del aviso.
Su hija se puso en contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH), acudió a una de sus asambleas y expuso su situación. Allí, el abogado Rafael Mayoral se ofreció para ocuparse del caso.
Y el 6 de julio llegó. Pero allí sólo estaba la familia de Maria José acompañada de unas 100 personas de la plataforma. El día terminó y nadie apareció para echarles de su casa, aunque tanto Maria José como su abogado sabían que eso no se iba a quedar así.
El 20 de julio se producía un parón en los desahucios con motivo de las vacaciones de verano, por lo que Maria José y su alrededor ya pensaban que el desalojo se produciría a la vuelta de esas vacaciones. Pero, por sorpresa y transcurrida una semana, Maria José recibió una nueva carta. Esta vez el desalojo se produciría el día 20. Tan sólo tenían 5 días para recurrir, pero no sirvió de nada.
El 19 por la noche Maria José trasladó a sus animales y a su hijo Abel al local que una vecina les había prestado, situado en la misma calle Virgen del Lluc, donde residían. Pero, ¿por qué?. Junto a la policía y a la comisión judicial también iban a llegar representantes de asuntos sociales y de la protectora de animales, ya que tanto su hijo como sus mascotas no podían vivir en la calle, según las leyes.
El desalojo estaba previsto para las 9.30 de la mañana. Esa noche Maria José no estuvo sola. Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH) y activistas del Movimiento 15-M le acompañaron. Y fueron algunos de ellos quienes, a la mañana siguiente, se encadenaron en su portal para impedir la actuación policial y judicial.
A la hora prevista, 18 lecheras acordonaron el barrio, o como dice Marina, vecina y amiga de Maria José, “lo tomaron”. Un despliegue de 50 antidisturbios dibujó una barrera de un kilómetro de perímetro para no permitir el acceso de la gente a esa zona. Ni los camiones de mercancías ni los trabajadores podían acceder a ese perímetro, tan sólo las personas que acreditaban con su carnet de identidad que residían allí.
Los muebles de Maria José no se podían quedar en la calle. La comisión se encarga de llevar un camión de mudanzas y trasladarlos, en este caso, a un trastero o almacén del polígono industrial de Coslada. Ahora, Maria José ha recibido una carta en la que le advierten de que si no recoge los muebles antes del día 20 de noviembre, previo pago de la cantidad de 700 euros (0,41 euros el metro cuadrado), esa cuantía ascenderá.
En ese último día 20 de julio había un total de tres desahucios, siendo el de Maria José el primero; pero también el último. Y es que a la familia no se le ocurrió otra cosa que quitar la puerta, su puerta. Así, el desahucio se retrasó, puesto que no se podían ir de allí dejando la casa abierta. La comisión tuvo que esperar a que la nueva puerta llegase. Esto hizo que no se pudieran llevar a cabo los otros dos desahucios que quedaban.